NOTAS DE PRENSA
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09.04.98 |
| Asunto: |
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Valoración de la resolución del Defensor
del Pueblo de 8 de abril de 1998 sobre la petición de interposición de recurso de
inconstitucionalidad contra la ley 1/98 de política lingüística del Parlamento de
Cataluña |
Ante la decisión del Defensor del
Pueblo de no presentar recurso de anticonstitucionalidad contra la Ley de Política
Lingüística y de plantear, a la vez, diversas recomendaciones sobre su contenido y su
aplicación y sin menoscabo de analizar con posterioridad y con más profundidad las
citadas recomendaciones, Julio Villacorta desea manifestar:
- Su perplejidad por la naturaleza contradictoria de la decisión tomada que la entiende
como el deseo de alcanzar un equilibrio entre dos fines contrapuestos tales como reconocer
la existencia de indicios de anticonstitucionalidad e inhibirse de actuar de acuerdo con
lo que son sus responsabilidades por temor a unas supuestas consecuencias políticas
graves.
- Su satisfacción por la razón moral que se otorga a los promotores de la iniciativa,
que lejos de haber quedado desautorizada como pretendían sus detractores ha quedado
perfectamente legitimada a la luz de las recomendaciones planteadas.
- Su sorpresa por el gesto de inhibición del Defensor del Pueblo ya que este gesto supone
el reconocimiento de hecho de la soberanía exclusiva de Cataluña en materia
lingüística, planteando con ello un nuevo escenario político que abre una importante
brecha en el edificio del estado constitucional.
- Su preocupación por la naturaleza y gravedad de los datos que, en poder del Defensor
del Pueblo, le han llevado a tomar semejante decisión.
- Su más enérgica repulsa por las amenazas vertidas desde las distintas formaciones
catalanistas, previas a la decisión del Defensor del Pueblo, en caso de que dicha
institución llevara adelante el recurso.
- Su legítima desconfianza frente a la afirmación expresada por el Defensor del Pueblo
de realizar una atenta vigilancia de la aplicación de la ley, ya que se ha constatado que
éste no puede sobreponerse a los condicionantes que en las actuales circunstancias se han
puesto sobre la mesa.
Con todo ello, en el ámbito de la sociedad catalana
castellanohablante, se deben extrae una serie de enseñanzas que sin lugar a dudas
implicará una nueva toma de posición respecto al futuro.
- Se debe acusar recibo de que en materia lingüística y cultural se ha producido una
dejación de responsabilidades del estado en relación a la sociedad catalana
castellanohablante frente a la que ésta deberá reaccionar exclusivamente con sus propios
medios.
- Se debe constatar que es preciso llamar la atención sobre el nivel de inseguridad
jurídica en el que se sitúa la política lingüística propiciada por el catalanismo
identitario. En este sentido, la aplicación hecha de la anterior ley de normalización es
motivo más que suficiente para que desconfiemos de las manifestaciones de prudencia
llevadas a cabo desde las distintas voces del catalanismo político.
- Se hace necesario trasladar a la opinión pública una llamada de alerta en relación a
las posibilidades futuras de realización cultural, social y política, personal y
colectiva de los ciudadanos castellanohablantes en Cataluña, no solo ante la dejación de
responsabilidades del estado e inseguridad jurídica citadas, sino también ante los
instrumentos creados por las instituciones catalanistas que, por su propia naturaleza,
existen para hacer frente de forma activa y resuelta a los modelos y creaciones culturales
vinculadas a la lengua castellana y respecto a los cuales se sienten agredidos.
Finalmente Julio Villacorta hace un llamamiento a la dirección del PSC
para que atendiendo a las sugerencias del Defensor del Pueblo inste ante el Parlament una
modificación de la Ley de Política Lingüística que tenga en cuenta las citadas
recomendaciones y la realidad social que aspira a representar en Cataluña.
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